“Estamos también impulsando una agenda para modernizar y perfeccionar instituciones republicanas tan importantes como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República. Prontamente enviaremos a este Congreso iniciativas legales que se suman a las ya ingresadas para poder concretar estas necesarias reformas para tener un Estado más moderno y al servicio de la gente”.

“Estamos también impulsando una agenda para modernizar y perfeccionar instituciones republicanas tan importantes como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República. Prontamente enviaremos a este Congreso iniciativas legales que se suman a las ya ingresadas para poder concretar estas necesarias reformas para tener un Estado más moderno y al servicio de la gente”.

Solamente una de las iniciativas para perfeccionar las instituciones públicas emergió del Ejecutivo

Desde 2019 hasta ahora, se han ingresado al Congreso algunos proyectos legislativos para “modernizar y perfeccionar” instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado. Sin embargo, solo la modernización al Consejo de Defensa del Estado fue presentada por el Gobierno, a un año de la Cuenta Pública del 1 de junio del 2019.

Por Javiera Mateluna/ Factchecking.cl

Durante la Cuenta Pública 2020, el presidente Sebastián Piñera se refirió al envío de iniciativas legales para “modernizar y perfeccionar” algunas instituciones como el Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado. 

En Julio de 2019, el Gobierno anunció el lanzamiento de una Agenda Modernizadora del Estado que, según su sitio web, busca definir “una serie de estrategias transversales como la transformación digital, un gobierno basado en datos y el desarrollo de servicios compartidos”.

En un documento de 104 páginas, se explica que lo anterior se realizará a través del trabajo conjunto entre tres instituciones: El Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado (órgano asesor del Presidente de la República), el Comité ejecutivo de Modernización del Estado (DIPRES, División de Gobierno Digital, División de Coordinación Interministerial y Laboratorio de Gobierno de SEGPRES, Servicio Civil) y la Secretaría de Modernización del Estado, en el Ministerio de Hacienda.

¿Hay proyectos en el Congreso?

De acuerdo al registro de Proyectos de Ley de la Cámara de Diputados, el 19 de mayo de este año fue ingresado desde el Ejecutivo la iniciativa que “Moderniza el Consejo de Defensa del Estado”, aún en su primer trámite constitucional. 

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) sería el único organismo público que cuenta con un proyecto despachado al Congreso por parte del Ejecutivo, al menos, desde la rendición de cuentas de 2019.

Con respecto al Ministerio Público, de acuerdo al sitio web de la Cámara de Diputados y el Senado, existen seis proyectos de ley ingresados desde el 1 de junio de 2019, y aún en tramitación que modifican su estructura interna:

  • “Proyecto de ley que iguala plazos de inhabilidad de los fiscales del Ministerio Público para postular a cargos de elección popular, ingresado por el senador Pedro Araya.
  • “Modifica la ley N°19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, en materia de igualdad de género y fortalecimiento democrático de su integración”, ingresado por los diputados Gabriel Boric, René Manuel García, Hugo Gutiérrez, Carmen Hertz, Tomás Hirsch, Claudia Mix, Emilia Nuyado, Camila Rojas y Gonzalo Winter.
  • “Modifica diversos cuerpos legales, para posibilitar al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal por los delitos que indica, sin necesidad de denuncia o querella de parte de los órganos administrativos competentes”, ingresado por los diputados  Luciano Cruz-Coke, Andrés Molina y Francisco Undurraga.
  • “Proyecto de reforma constitucional que incorpora al Fiscal Nacional del Ministerio Público como sujeto de acusación constitucional”, ingresado por los senadores José Miguel Duraná, Luz Eliana Ebensperger, Iván Moreira, Víctor Pérez Y Jacqueline Van Rysselberghe.

De estos últimos, ninguno fue originado desde la Presidencia, sino desde ambas cámaras. La última iniciativa ingresada por el Ejecutivo relativa al Ministerio Público fue ingresada el 5 de noviembre del 2018 y aún está en tramitación. Sin embargo, esta última en realidad busca modificar ciertos aspectos del Código Penal y no la administración o funcionamiento orgánico del Ministerio Público.

Tampoco hay evidencia de que la Presidencia haya enviado una iniciativa para modificar algún aspecto del Poder Judicial en el último año. El último registro de ello data del 10 de octubre de 2017, con el proyecto de ley que: “Otorga incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial, según se indica”, y que fue publicado por el Diario Oficial el 13 de febrero de 2018. 

Para Javier Couso, abogado constitucionalista y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, la reforma al Poder Judicial de parte del Ejecutivo es: “Una idea que viene rondando por cerca de 25 años y nunca ha logrado materializarse. Ha habido varios proyectos, varias ideas por parte de distintos gobiernos, y hay serias dudas de que en Chile tendría sentido hacer eso . Veo difícil que algo que él (presidente Sebastián Piñera) mencionó sin siquiera citar los proyectos específicos vaya a ocurrir”.

La deuda con Contraloría

Una de las promesas del Programa de Gobierno 2018 – 2022 del Presidente Sebastián Piñera, fue la “modernización y fortalecimiento de la Contraloría General de la República a través de una nueva ley orgánica que actualice la normativa vigente”. Aunque en la Cuenta Pública lo mencionó, esta iniciativa tampoco ha sido presentada ante el Congreso hasta la fecha. 

Así lo ratifica el archivo del Senado y la Cámara de Diputados, donde se observa que, el último proyecto para modificar al organismo, presentado por la Cámara de Diputados el 9 de diciembre de 2015, fue aquel que: “Modifica ley orgánica constitucional de la Contraloría General de la República, para fijar un plazo para nombrar al Contralor General de la República”, el cual continúa en tramitación.

Javier Couso aseguró al respecto: “No conozco ningún proyecto concreto que modifique la Contraloría. Lo que fue su ley orgánica, fue hace más de 20 años”.

Luis Cordero Vega, profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad  de Chile e investigador del Centro de Regulación y Competencia (RegCom), coincide con Couso en relación a que esta “modernización” de Contraloría se remonta a gobiernos pasados, como sucedió con los cambios en las reformas constitucionales durante el Gobierno de Ricardo Lagos.

“Tras las reforma constitucional del 2005, cambió el periodo de los contralores, que antes duraba hasta los 75 años de edad, y luego se sustituyó por un periodo de ocho años. En ambos casos existieron iniciativas de actualización y reformas de la ley orgánica constitucional de la Contraloría. La Contraloría ha tenido un proceso de modernización bien significativo aun manteniendo la merma que tiene, que es muy antigua, pero pese a eso funciona muy bien”, explicó Cordero Vega.

Fuente: : Senado de Chile https://www.senado.cl/capitulo-x-contraloria-general-de-la-republica/senado/2012-01-16/105142.html.

La iniciativa para formular el proyecto de ley para modificar la Contraloría recae en el Ministerio Secretaría General de la República (Segpres). Factchecking.cl se contactó con la cartera para solicitar información sobre el estado del documento pendiente, y los puntos a reformular, pero no obtuvo respuesta. 

Frente a las declaraciones entregadas por el presidente Piñera en la Cuenta Pública 2020, se puede establecer que sólo es verdadero el envío del proyecto de ley para modernizar el Consejo de Defensa del Estado, no así los que apuntan al perfeccionamiento del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

Factchecking UC

Somos una iniciativa de verificación del discurso público, que se lleva a cabo desde 2013 en la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.